Desde más de un año, el gobierno del presidente colombiano Manuel Santos, no respeta los acuerdos previamente firmados con las organizaciones campesinas, indígenas y populares.

El 83,5% de los 250 millones de euros destinados a proyectos productivos previstos para el año fiscal 2014, nunca se han desembolsados; a través de argumentos facciosos fueron bloqueados todos los recursos asignados para el año 2015 y 2016. A pesar de las largas jornadas de lucha y la represión sangrienta del estado que produjeron acuerdos formales entre las partes, hasta la fecha no hay un proyecto de desarrollo agrícola nacional estructurado.

En cuanto al tema de los Derechos Humanos el Gobierno de Colombia no ha cumplido con ninguno de los compromisos adquiridos con anterioridad, violando reiteradamente el ejercicio legítimo al derecho de movilización y protesta. En las últimas semanas el movimiento popular colombiano se ha movilizado en todo el país a través de la “Minga”, que, con el lema “Sembrando Esperanza, Cosechar País” ha movilizado a más de 200.000 personas coalizandose en la: “Cumbre Agraria Campesina, étnica y popular “.
La policía y las unidades especiales antidisturbios del ESMAD hasta el momento han asesinados tres indígenas y gravemente herido a 136 personas, sin contar los cientos de detenciones y graves amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos y sindicales.

A pesar de que recientemente se ha generado unos escenarios de participación en el proceso de Paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, en los que los movimientos y organizaciones sociales han presentado propuestas estratégicas importantes, estas siguen siendo ignoradas y deslegitimadas. Por esta razón, las organizaciones populares, campesinas e indígenas consideran que es necesario y urgente la participación autónoma, vinculante y decisiva de la sociedad en los procesos de paz; especialmente los sectores históricamente marginados de las decisiones políticas y económicas exclusivas que constituyen las causas estructurales del conflicto social y armado en Colombia.
Las reivindicaciones de las organizaciones campesinas, indígenas y populares deben ser consideradas como elementos imprescindibles  de la agenda social por la Paz.

Mientras que Santos, la casta militar colombiana y los intereses de las transnacionales, hablando de paz, preparan la Guerra, las organizaciones populares, indígenas y campesinas luchan por:

• La Reforma Agraria, por una política agrícola integral que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra, eliminando el latifundio como expresión histórica de la desigualdad.
• El reconocimiento político de las figuras de  reorganización territorial de los pueblos y comunidades étnicas y campesinas.
• El reconocimiento de los campesinos como sujeto inalienable al derecho a la tierra y la territorialidad.
• La legalización de la propiedad colectiva, común e individual de la tierra para asegurar su acceso y uso por los campesinos, los indígenas y los afro-descendientes.
• La delimitación y protección de todas las fuentes de agua que se encuentran en territorios indígenas, afros y campesinos, que garantice su protección para la supervivencia ambiental y cultural de los pueblos y comunidades.
• El gobierno colombiano debe concertar con los pueblos indígenas un marco institucional que cumple los criterios de integridad, el reconocimiento, el respeto, la pertinencia cultural, política y autonomía financiera.
• Prohibir las concesiones de extracción energético-minera en los territorios colectivos indígenas,  campesinos y afros para desarrollar una política y una industria nacional para la extracción minera y petrolera capaz de superar la dependencia de los productores de materias primas, realizando mecanismos de participación de la comunidad para definir el uso y la gestión del subsuelo.
• Eliminar los recortes de impuestos para las transnacionales y aumentar los impuestos para las empresas mineras, así como la eliminación de los beneficios fiscales en las Zonas Francas.
• Garantizar la recuperación, reproducción y distribución de las semillas nativas y la creación y el apoyo financiero y técnico a las casas o fincas que guardan sus semillas; así como la protección jurídica de los conocimientos de las variedades botánicas y plantas medicinales en los territorios indígenas, afros y campesinos y sus aplicaciones productivas.
• El cumplimiento de los acuerdos sobre la sustitución de forma voluntaria y gradual en consulta con las comunidades en la producción de hojas de coca para una real diversificación de la producción. Reformar la política de drogas con la participación de las comunidades y las organizaciones sociales afectadas, despenalizando los pequeños cultivadores y recolectores de coca, marihuana y amapola, rechazando la extradición de los productores de coca, marihuana y amapola.
• El gobierno colombiano debe reconocer públicamente la existencia del paramilitarismo en Colombia y garantizar su desmantelamiento económico, militar y político.
• Garantizar la participación de la Comisión étnica por la Paz y la defensa de los derechos territoriales en los diálogos entre el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC y  ELN.
• Derogación de la perversa ley de “Seguridad Ciudadana” y la liberación inmediata de los ciudadanos procesados y condenados. Reducción y depuración de las Fuerzas de Seguridad y desmantelamiento del ESMAD. El cese de la estigmatización y persecución de los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales y populares y la restitución de tierras.
• La creación de un fondo económico para las víctimas pertenecientes a los pueblos indígenas, afro-descendientes y comunidades campesinas.
• Protección de todas las fuentes de agua en el país, especialmente aquellas que alimentan las grandes ciudades y zonas agrícolas. Es crucial la gestión comunitaria y estatal del agua pública desmantelando los megaproyectos; especialmente en las grandes ciudades, es necesario para asegurar una relación directa con los pequeños productores de las zonas rurales para garantizar la comercialización de los productos procedentes del campo.

EN COLOMBIA NO HABRÁ PAZ SIN LA SOLUCIÓN DE LAS CAUSAS SOCIALES QUE HACE 60 AÑOS HAN GENERADO LA GUERRA

LA LUCHA DE LAS ORGANIZACIONES POPULARES, INDÍGENAS Y CAMPESINAS COLOMBIANAS SON NUESTRAS MISMAS LUCHAS; NUESTRAS REIVINDICACIONES PRIMARIAS CONTRA UN SISTEMA GLOBAL QUE VA REDUCIENDO AL HAMBRE INCLUSO MILLONES DE ITALIANOS Y EUROPEOS, IMPONIENDONOS GUERRAS DE AGRESIÓN IMPERIALISTAS DISFRAZADAS DE MISIONES DE PAZ Y EL EXTERMINIO DE MILLONES DE HOMBRES Y MUJERES QUE BUSCAN PENETRAR EN LA FORTALEZA EUROPEA

APOYAMOS LA LUCHA POR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL EN COLOMBIA

RECONSTRUIMOS SOLIDARIDAD DESDE ABAJO ENTRE LOS EXPLOTADOS EN EL MUNDO

LUCHAMOS JUNTOS, TUMBANDO FRONTERAS, ROMPIENDO MUROS Y LA INDIFERENCIA CONTRA EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA GUERRA

Roma 12 de junio de 2016

Comité “Carlos Fonseca” – Confederacion “COBAS” – Asociacion Italia-Nicaragua – Centro Social Ocupado y Autogestionado “Ex Snia”